PRONUNCIAMIENTO DE LA "CAMARA DE INDUSTRIALES HUAJARA ORURO"
La Cámara de Industriales Huajara Oruro (CIHOR) expresa su enérgica preocupación y declara estado de alerta ante la creciente conflictividad social por el bloqueo de carreteras que paralizan rutas estratégicas del país, ocasionando un severo daño económico, la baja producción y problemas sociales para Bolivia.
La Cámara de Industriales Huajara Oruro (CIHOR) expresa su enérgica preocupación y declara estado de alerta ante la creciente conflictividad social por el bloqueo de carreteras que paralizan rutas estratégicas del país, ocasionando un severo daño económico, la baja producción y problemas sociales para Bolivia.
La interrupción de las principales vías de circulación afecta de manera directa la actividad minera nacional, impidiendo el transporte y exportación de minerales, paralizando operaciones logísticas, restringiendo el abastecimiento de combustibles e insumos industriales generando pérdidas económicas acumulativas de gran magnitud.
La minería constituye uno de los pilares fundamentales de generación de divisas, empleo y recaudación para el Estado boliviano. En consecuencia, cada día de bloqueo representa millones de dólares de pérdidas para la economía nacional, exportaciones detenidas, contratos internacionales afectados, incremento de costos operativos, incumplimientos comerciales y deterioro progresivo de la credibilidad del país ante mercados y la atracción de inversiones.
La imposibilidad de exportar minerales no solamente afecta al sector empresarial. Afecta directamente al departamento de Oruro, al Gobierno Departamental y los gobiernos municipales, a miles de trabajadores y a la economía nacional en su conjunto, debido a la disminución de regalías mineras, reducción de ingresos tributarios y paralización de actividades que sostienen el aparato productivo boliviano.
Bolivia atraviesa una coyuntura económica compleja y altamente sensible. En ese escenario, profundizar la paralización de actividades productivas mediante bloqueos indefinidos constituye un factor de riesgo para la estabilidad económica, el abastecimiento interno, la generación de empleo y la sostenibilidad financiera de múltiples sectores estratégicos.
El perjuicio económico ya no puede analizarse únicamente como una consecuencia sectorial. Se trata de un impacto estructural que compromete la capacidad del país para producir, exportar, generar divisas y mantener niveles mínimos de certidumbre económica. No existe economía que pueda sostenerse indefinidamente bajo condiciones permanentes de interrupción logística y confrontación social.
El derecho a la protesta es legítimo y se encuentra plenamente reconocido por la Constitución Política del Estado sin embargo su ejercicio no puede derivar en la paralización total de las actividades productivas ni en la vulneración de derechos fundamentales vinculados al trabajo. Violando los derechos ciudadanos, la libre transitabilidad, el abastecimiento y la estabilidad económica de millones de bolivianos. El país necesita soluciones inmediatas y responsables.
Bolivia necesita diálogo real, capacidad de concertación y liderazgo democrático para evitar que la crisis continúe profundizándose con consecuencias cada vez más graves para la población y para los sectores que sostienen la economía nacional.
En ese marco, el sector minero privado productivo de Oruro exhorta a todos los actores políticos, sociales e institucionales a asumir con responsabilidad histórica la necesidad urgente de construir acuerdos que permitan restablecer la transitabilidad, garantizar la continuidad de las actividades económicas y preservar la estabilidad democrática del país.
Asimismo, demandamos que el Estado garantice el respeto al orden constitucional, a los derechos humanos y a la libre circulación, resguardando simultáneamente la paz social y el funcionamiento del aparato productivo nacional, acción que con mayor responsabilidad deberían asumir los dirigentes sindicales para no perjudicar a sus bases y respetar el orden constituido, sin alteraciones y protestas que violan la Carta Magna.
La democracia no puede consolidarse en medio de la paralización económica permanente. Sin producción no existe crecimiento ni desarrollo económico. Sin exportaciones no hay divisas. Sin estabilidad no habrá inversión. Y sin diálogo, el país ingresa en un escenario de mayor incertidumbre y deterioro económico y social con serios riesgos que no asumirán los dirigentes sindicales que adoptan actitudes de beligerancia y perjuicio para la mayoría de los bolivianos.
Desde Oruro reafirmamos nuestro compromiso por Bolivia, con la producción nacional, con la generación de empleo digno y con el fortalecimiento de una economía basada en trabajo, estabilidad y desarrollo. Hoy el país necesita responsabilidad, soluciones concretas y visión de Estado.y la apertura del diálogo constante, mediada que deben asumir los dirigentes sindicales, si realmente representan a sus bases, dejando de lado las posiciones personales y sus intereses económicos como se denunció a través de los medios de comunicación.
La crisis no puede seguir avanzando a costa de la economía nacional y del futuro de millones de bolivianos está en riesgo por lo que exhortamos a respetar la Constitución Política del Estado y los derechos de todos los bolivianos, para tener una libre circulación por el país y, además preservar la sana convivencia pacífica entre todos los estantes y habitantes de nuestro país, sin vulnerar los derechos de nadie y con plena seguridad jurídica y social.