A más de 20 años de haber iniciado la lucha contra la contaminación minera en la subcuenca Huanuni; las más de 80 comunidades afectadas en 4 municipios aledaños, lamentan que el gobierno nacional, continúe evadiendo su responsabilidad de sancionar a los responsables y lo más importante, que se emprenda la remediación ambiental en la zona de influencia.
Por la fuerza de la justicia, con una sentencia de acción popular que no se ha cumplido desde el año 2023 y la intervención además de la contraloría, este pasado miércoles 13 de agosto, recién el gobierno nacional ha promulgado el decreto supremo que declara emergencia nacional en esa región.
No es voluntad del gobierno, lo han hecho obligados, hace notar Clemente Paco, asesor del Centro de Ecología y Pueblos Andinos, activista de este proceso.

Agregó que no están de acuerdo con ese decreto que ni siquiera se lo ha difundido; ya que los alcances no son los que se esperaba.

Las comunidades vuelven a declararse en alerta; exigen que se emprenda de una vez por todas, los proyectos de remediación ambiental y como señala Clemente Paco; están dispuestos a volver a las movilizaciones, si es necesario.